Tegucigalpa, Honduras | El Partido Libertad y Refundación (Libre), fuerza gobernante en Honduras, realizó el pasado sábado 30 de agosto una marcha en San Pedro Sula bajo el lema ‘Gran movilización contra la dictadura económica’. El evento, organizado por el gobierno a través de su estructura partidaria, ha generado controversia por presuntas irregularidades, incluyendo el uso de recursos estatales para su financiamiento y logística, así como implicaciones de proselitismo político en pleno periodo preelectoral. A pesar de las expectativas oficiales de una masiva participación, la convocatoria resultó significativamente menor a lo anunciado, destacando posibles debilidades en el apoyo popular a escasos meses de las elecciones generales del 30 de noviembre.

La marcha fue convocada por el coordinador general de Libre y ex presidente Manuel Zelaya, esposo de la actual mandataria Xiomara Castro, con el objetivo de respaldar a la candidata presidencial Rixi Moncada y resaltar logros como la lucha contra la corrupción y la generación de empleo.

Moncada, acompañada por candidatos a vicepresidentes y alcaldes afines, utilizó el evento para emitir un «grito de alistamiento y de batalla» hacia la victoria electoral, comprometiéndose con una «patria altiva, independiente, soberana, democrática y socialista».

Sin embargo, ni Zelaya ni Castro participaron directamente, aunque el evento fue promocionado desde instancias oficiales. Uno de los aspectos más criticados ha sido las acusaciones de utilización de fondos públicos para financiar la movilización. Denuncias de empleados estatales indican que fueron presionados para asistir, bajo amenaza de sanciones laborales, lo que implicaría un abuso de recursos del Estado en actividades partidarias.

Además, se reportó el uso de buses públicos para transportar participantes, generando una «controversia sobre el uso de recursos estatales en actividades proselitistas».

Estas prácticas han sido denunciadas en redes sociales y medios locales, donde se califica el evento como un derroche de dinero del erario nacional en un contexto de crisis económica y social. En términos de proselitismo político, la marcha se realizó apenas dos días antes del inicio oficial de la campaña electoral, programada para el 1 de septiembre, lo que plantea serias implicaciones legales y éticas.

Durante el periodo preelectoral, las normativas del Consejo Nacional Electoral (CNE) prohíben el uso de posiciones gubernamentales para promoción partidaria, y este evento ha sido interpretado por opositores como un intento de adelantar la propaganda a favor de Moncada, candidata oficialista, frente a rivales como Salvador Nasralla (Partido Liberal) y Nasry Asfura (Partido Nacional)

Analistas señalan que tales acciones podrían erosionar la confianza en el proceso electoral, ya marcado por acusaciones previas de fraude y desconfianza institucional, exacerbando tensiones en un país con historial de conflictos postelectorales.

Otro punto destacado es la baja convocatoria lograda, en contraste con las proyecciones oficiales. Líderes de Libre, como el diputado Sergio Arturo Castellanos, anunciaron previamente una participación de «más de 100 mil personas», posponiendo incluso la fecha original para maximizar el impacto.

Sin embargo, reportes independientes y coberturas mediáticas estiman que solo asistieron «miles de seguidores», una cifra notablemente inferior que ha sido calificada por la oposición como un «fracaso» en comparación con movilizaciones previas del partido.

Esta discrepancia podría reflejar un desgaste en la base de apoyo de Libre, en medio de críticas por la gestión económica y la inseguridad. El evento se enmarca en un contexto de polarización electoral, con iglesias y sectores civiles convocando marchas alternativas por la transparencia, como la ‘Caminata por Honduras’ del 16 de agosto, que atrajo a miles en rechazo a la desconfianza institucional.

Mientras tanto, exfuncionarios como un exjerarca de las Fuerzas Armadas han advertido sobre posibles confrontaciones o manipulaciones en torno a la marcha, intensificando el debate público.

El gobierno no ha respondido oficialmente a estas acusaciones, pero el episodio subraya los desafíos para mantener la neutralidad estatal en vísperas de unas elecciones cruciales. El Partido Libertad y Refundación (Libre), fuerza gobernante en Honduras, realizó el pasado sábado 30 de agosto una marcha en San Pedro Sula bajo el lema ‘Gran movilización contra la dictadura económica’. El evento, organizado por el gobierno a través de su estructura partidaria, ha generado controversia por presuntas irregularidades, incluyendo el uso de recursos estatales para su financiamiento y logística, así como implicaciones de proselitismo político en pleno periodo preelectoral. A pesar de las expectativas oficiales de una masiva participación, la convocatoria resultó significativamente menor a lo anunciado, destacando posibles debilidades en el apoyo popular a escasos meses de las elecciones generales del 30 de noviembre.

La marcha fue convocada por el coordinador general de Libre y ex presidente Manuel Zelaya, esposo de la actual mandataria Xiomara Castro, con el objetivo de respaldar a la candidata presidencial Rixi Moncada y resaltar logros como la lucha contra la corrupción y la generación de empleo.

Moncada, acompañada por candidatos a vicepresidentes y alcaldes afines, utilizó el evento para emitir un «grito de alistamiento y de batalla» hacia la victoria electoral, comprometiéndose con una «patria altiva, independiente, soberana, democrática y socialista».

Sin embargo, ni Zelaya ni Castro participaron directamente, aunque el evento fue promocionado desde instancias oficiales. Uno de los aspectos más criticados ha sido las acusaciones de utilización de fondos públicos para financiar la movilización. Denuncias de empleados estatales indican que fueron presionados para asistir, bajo amenaza de sanciones laborales, lo que implicaría un abuso de recursos del Estado en actividades partidarias.

Además, se reportó el uso de buses públicos para transportar participantes, generando una «controversia sobre el uso de recursos estatales en actividades proselitistas».

Estas prácticas han sido denunciadas en redes sociales y medios locales, donde se califica el evento como un derroche de dinero del erario nacional en un contexto de crisis económica y social. En términos de proselitismo político, la marcha se realizó apenas dos días antes del inicio oficial de la campaña electoral, programada para el 1 de septiembre, lo que plantea serias implicaciones legales y éticas.

Durante el periodo preelectoral, las normativas del Consejo Nacional Electoral (CNE) prohíben el uso de posiciones gubernamentales para promoción partidaria, y este evento ha sido interpretado por opositores como un intento de adelantar la propaganda a favor de Moncada, candidata oficialista, frente a rivales como Salvador Nasralla (Partido Liberal) y Nasry Asfura (Partido Nacional).

Analistas señalan que tales acciones podrían erosionar la confianza en el proceso electoral, ya marcado por acusaciones previas de fraude y desconfianza institucional, exacerbando tensiones en un país con historial de conflictos postelectorales.

Otro punto destacado es la baja convocatoria lograda, en contraste con las proyecciones oficiales. Líderes de Libre, como el diputado Sergio Arturo Castellanos, anunciaron previamente una participación de «más de 100 mil personas», posponiendo incluso la fecha original para maximizar el impacto.

Sin embargo, reportes independientes y coberturas mediáticas estiman que solo asistieron «miles de seguidores», una cifra notablemente inferior que ha sido calificada por la oposición como un «fracaso» en comparación con movilizaciones previas del partido.

Esta discrepancia podría reflejar un desgaste en la base de apoyo de Libre, en medio de críticas por la gestión económica y la inseguridad. El evento se enmarca en un contexto de polarización electoral, con iglesias y sectores civiles convocando marchas alternativas por la transparencia, como la ‘Caminata por Honduras’ del 16 de agosto, que atrajo a miles en rechazo a la desconfianza institucional.

Mientras tanto, exfuncionarios como un exjerarca de las Fuerzas Armadas han advertido sobre posibles confrontaciones o manipulaciones en torno a la marcha, intensificando el debate público.

El gobierno no ha respondido oficialmente a estas acusaciones, pero el episodio subraya los desafíos para mantener la neutralidad estatal en vísperas de unas elecciones cruciales.