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Tegucigalpa, Honduras / Un video filtrado ha sacudido la política hondureña, colocando a la diputada de Libertad y Refundación (Libre) por Copán, Isis Cuéllar, y al ministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, en el ojo de una controversia por el supuesto uso de fondos públicos para financiar actividades políticas de su partido. Las crecientes demandas de renuncia, provenientes tanto de Libre como de sectores sociales, han intensificado la presión sobre ambos funcionarios.

El escándalo comenzó el 23 de junio con la difusión de un video en redes sociales donde Cuéllar y Cardona discuten la entrega de cheques por 5.6 millones de lempiras (unos 225,000 dólares) a 65 personas, muchas vinculadas a Libre en Copán. Cuéllar detalla que 15 de las 23 coordinaciones del partido en el departamento recibieron kits valorados en 125,000 lempiras, equipados con materiales como equipos de sonido, sillas, mesas, carpas y herramientas para propaganda política. Cardona, lejos de desmentirlo, valida la estrategia en tono jocoso, lo que ha desatado acusaciones de clientelismo.

La presidenta Xiomara Castro, líder de Libre, ordenó una investigación inmediata al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Secretaría de Transparencia, exigiendo un informe en 72 horas. En una publicación en X, Castro se desvinculó del caso, asegurando que ni ella, ni Libre, ni la candidata presidencial Rixi Moncada autorizaron estas acciones, y prometió ser “implacable” si se confirma corrupción. El Ministerio Público y el TSC ya investigan posibles delitos como malversación de fondos o abuso de autoridad.

Documentos oficiales muestran que, entre octubre y diciembre de 2024, se entregaron 1.2 millones de lempiras a 13 beneficiarios con lazos a Cuéllar o Libre, y 575,000 lempiras adicionales a seis personas relacionadas con el partido. Organizaciones como la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) y el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) han calificado el caso como un esquema de uso indebido de recursos públicos y exigen la salida de ambos funcionarios.

Cuéllar, figura influyente en el Congreso y parte del movimiento M28 de Libre, insiste en la legalidad de las entregas, afirmando que los fondos fueron debidamente liquidados. Cardona, quien ofreció su cargo a Castro, sostiene que las asignaciones siguieron lineamientos legales y beneficiaron a personas de diversos partidos. Sin embargo, la evidencia documental y la falta de transparencia en sus explicaciones han avivado las críticas.

El caso ha reabierto el debate sobre la gestión de fondos públicos en Honduras, un país con un historial de desafíos en la lucha contra la corrupción. Mientras las investigaciones avanzan, figuras como el vicepresidente del Congreso, Rasel Tomé, y el defensor de derechos humanos Hugo Maldonado insisten en consecuencias inmediatas. Este escándalo pone a prueba el compromiso de Castro con la transparencia, en un contexto político tenso rumbo a las elecciones de noviembre

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