Tegucigalpa, 25 de agosto de 2025 | A menos de cien días de las elecciones generales en Honduras, la incertidumbre domina el panorama político. El país se prepara para elegir presidente, diputados, alcaldes y representantes al Parlamento Centroamericano el próximo 30 de noviembre, pero la ruta hacia las urnas está marcada por controversias, violencia y una fragilidad institucional que amenaza con poner en entredicho la legitimidad del proceso.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), máxima autoridad encargada de organizar los comicios, atraviesa una crisis que ha paralizado su funcionamiento en semanas cruciales. La renuncia de la consejera Ana Paola Hall el pasado 16 de julio y la ausencia reiterada del consejero Marlon Ochoa dejaron al organismo sin el quórum necesario para sesionar, lo que retrasó decisiones vitales como la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Las tensiones se agudizaron cuando protestas de militantes del partido oficialista bloquearon la adjudicación del contrato, provocando acusaciones cruzadas y más desconfianza sobre la independencia del CNE. El Congreso se vio obligado a conceder una prórroga, lo que confirma que los plazos establecidos por la ley electoral ya se han incumplido.

El conflicto no se limita al plano administrativo. El fiscal general Johel Zelaya lanzó duras acusaciones contra los tres consejeros restantes del CNE, a quienes señaló de traición a la patria y abuso de autoridad, una medida que incrementa la judicialización del proceso y que algunos analistas interpretan como un intento de presionar políticamente a los árbitros electorales. En paralelo, la violencia política se ha hecho sentir en varias regiones: al menos cuatro aspirantes a alcaldías han sido asesinados en los últimos meses, principalmente en departamentos como Cortés, Olancho, Yoro y Francisco Morazán, zonas donde históricamente confluyen intereses criminales y disputas partidarias.

Todo esto ocurre en un contexto de debilidad estructural del Estado. Informes internacionales advierten que la corrupción, la impunidad y la falta de independencia judicial erosionan cada vez más la democracia hondureña. A ello se suma el desencanto ciudadano tras unas primarias cargadas de fallas logísticas, en las que la tardanza en la entrega de materiales y la falta de resultados oportunos minaron aún más la confianza en las instituciones.

Ante este escenario, la comunidad internacional ha encendido las alarmas. Organismos como la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y el Centro Carter han sido convocados a desplegar misiones de observación, con el objetivo de garantizar un mínimo de transparencia en un proceso que podría definir el rumbo político de Honduras en la próxima década. Sin embargo, su presencia, aunque necesaria, no disipa del todo la sombra de duda que se cierne sobre las elecciones.

A 98 días de las urnas, Honduras se enfrenta a un dilema crucial: si logra superar la desconfianza, la violencia y la fragilidad institucional, abrirá paso a un proceso legítimo; si no, el país podría entrar en una nueva crisis poselectoral que pondría en riesgo su ya debilitada democracia.