Nuevo golpe judicial a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Un tribunal de apelaciones de San Francisco ha fallado este miércoles en favor de la Administración de Donald Trump, retirando la protección contra la deportación a unas 60.000 personas provenientes de Honduras, Nicaragua y Nepal que llegaron a Estados Unidos desde hace varios años. El panel de jueces revoca con su decisión el fallo de una magistrada de distrito que había frenado la eliminación del TPS argumentando que ninguno de los afectados había cometido algún crimen, por lo que no veía razones para su expulsión del país.

Se prevé que la decisión de los jueces del Noveno Circuito de Apelaciones afecte principalmente a centroamericanos. Se calcula que en Estados Unidos hay unos 51.000 hondureños y 3.000 nicaragüenses con el TPS. La presencia de algunos de ellos en el país se remonta a 1999, cuando el huracán Mitch arrasó ambas naciones, lo que obligó a migrar al norte a miles de personas. Estas recibieron una protección temporal de las autoridades estadounidenses que se podía renovar indefinidamente y que incluye un permiso de trabajo, aunque no les permite aspirar a la ciudadanía.

Esto hasta que Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Interior de Donald Trump, emitió un decreto reciente que pone fin a este beneficio para los inmigrantes. El Gobierno conservador argumenta que las condiciones en los países de origen han mejorado en comparación a cuando los permisos fueron emitidos, por lo que no hay necesidad de mantenerlos vigentes. El TPS para los centroamericanos expirará el 8 de septiembre tras el fallo del Circuito. La resolución judicial también afecta a unos 7.000 ciudadanos de Nepal que migraron al país después del terremoto de 2015 que mató a 9.000 personas. Estos aguardaban con urgencia la opinión del poder judicial porque su blindaje ante la deportación terminó el pasado 5 de agosto.