Tegucigalpa, Honduras / La diputada Isis Cuéllar, del partido gobernante Libertad y Refundación (Libre), se mantiene en el centro de una tormenta política en Honduras tras ser señalada por el presunto desvío de 37.5 millones de lempiras (aproximadamente 1.5 millones de dólares) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). A pesar de la intensa presión de su propio partido, liderado por la candidata presidencial Rixi Moncada y el expresidente Manuel “Mel” Zelaya, así como de la oposición, la sociedad civil y la prensa, Cuéllar se ha negado rotundamente a renunciar a su cargo como vicepresidenta del Congreso Nacional y diputada por Copán, intensificando la crisis política a pocos meses de las elecciones generales.

El escándalo, destapado por la filtración de un video en el que Cuéllar y el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, discuten la distribución de fondos públicos para consolidar el apoyo político de Libre en Copán, ha generado un rechazo generalizado. Investigaciones periodísticas y del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) revelaron que al menos 65 personas, muchas de ellas familiares, activistas y allegados de Cuéllar, recibieron más de 5.6 millones de lempiras bajo el pretexto de proyectos sociales como reparaciones de viviendas, becas educativas y apoyo a emprendimientos. Sin embargo, muchos de estos proyectos carecen de evidencia o beneficiaron a personas que no cumplían con los requisitos de vulnerabilidad económica

Cuéllar desafía a Libre y a la opinión pública

A pesar de las exigencias de renuncia, Cuéllar ha optado por atrincherarse en su posición. El 1 de julio, según testigos, permaneció encerrada en su oficina en el Congreso Nacional, evitando a los medios de comunicación y a los manifestantes que se congregaron frente al edificio legislativo con pancartas que rezaban “Fuera Isis” y “No más corrupción”. Su silencio y negativa a dimitir han generado críticas incluso dentro de Libre, donde la militancia ha expresado su frustración en redes sociales y protestas callejeras.

Rixi Moncada, candidata presidencial de Libre, fue categórica al exigir la suspensión inmediata de Cuéllar de sus cargos en el partido y el Congreso. En un mensaje publicado en X el 2 de julio, Moncada afirmó: “Sin privilegios ni excusas, la diputada Isis Cuéllar debe ser suspendida y enfrentar al Ministerio Público. Exigimos que los deputados de Libre renuncien al fuero para garantizar transparencia”. Manuel Zelaya, coordinador general del partido, respaldó esta postura y convocó a una reunión de emergencia de la coordinación nacional de Libre para el 4 de julio, donde se espera que se formalice la suspensión de Cuéllar. Fuentes cercanas al partido indican que Zelaya habría instado personalmente a la diputada a renunciar, recordándole el precedente de su hermano, Carlos Zelaya, quien dimitió como diputado en 2024 tras un escándalo relacionado con narcotráfico.

La negativa de Cuéllar a ceder ha sido interpretada por analistas como un desafío directo al liderazgo de Libre y a la presidenta Xiomara Castro, quien ordenó una investigación urgente el 25 de junio de 2025 y aseguró que “no tolerará actos de corrupción”. En un contexto electoral crítico, esta actitud podría dañar la imagen de Libre, que ha hecho de la lucha contra la corrupción uno de los pilares de su campaña.

La oposición intensifica su ofensiva

La oposición ha capitalizado el escándalo para atacar al Gobierno y exigir sanciones inmediatas. El Partido Liberal, a través de la diputada Iroshka Elvir, propuso un juicio político contra Cuéllar, acusándola de utilizar los fondos de Sedesol para financiar la campaña presidencial de Moncada. “Es un acto de corrupción vergonzoso que no puede quedar impune. Cuéllar debe rendir cuentas y el Congreso debe actuar con firmeza”, declaró Elvir.

Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, fue aún más contundente. En una entrevista el 3 de julio, Nasralla afirmó: “Isis Cuéllar se aferra al poder porque sabe que, sin su inmunidad, enfrentará consecuencias graves. Esto no es solo un caso aislado; es un reflejo de la corrupción sistémica en Libre”. Nasralla también pidió la eliminación de los fondos sociales asignados al Congreso, regulados por el artículo 349 del Presupuesto General, que permite a los deputados gestionar recursos sin controles estrictos.

El Partido Nacional, liderado por su candidato presidencial Nasry Asfura, adoptó una postura más cautelosa, pero no menos crítica. El presidente del partido, Tomás Zambrano, acusó a Libre de intentar “manipular el proceso electoral” y respaldó las investigaciones del Ministerio Público. “El pueblo hondureño está cansado de políticos que se aferran a sus cargos mientras roban recursos que son para los más necesitados”, señaló Zambrano, exigiendo que Cuéllar renuncie para someterse a la justicia.