San José, Costa Rica / Un país que ha construido su prestigio global sobre una imagen de sostenibilidad y conservación ambiental, mostrándose como líder en protección del ambiente, enfrenta una crisis que amenaza con manchar su reputación.
En el corazón de este escándalo está Tajo COMAG, un botadero ilegal como muchos en el país centroamericano, que opera sin restricciones, recibiendo toneladas de desechos tóxicos como asbestos, químicos y escombros de construcción que van directo a los causes de los ríos, contaminan el aire, los mantos acuíferos y ponen en peligro la salud pública y la biodiversidad. Sin embargo, más allá del daño ambiental, lo que ha desatado una ola de indignación es la aparente complicidad de empresas constructoras y el silencio ensordecedor de las autoridades de la alcaldía capitalina y el inisterio de Ambiente principal encargado de proteger el medio ambiente.
COMAG, la punta del Iceberg.
Una investigación reciente ha destapado las operaciones de Tajo COMAG, un sitio que funciona al margen de la ley como un foco de contaminación masiva. Camiones cargados de materiales peligrosos llegan diariamente, descargando residuos que, en muchos casos, son incinerados al aire libre, liberando toxinas que afectan a comunidades cercanas y ecosistemas frágiles. Lo alarmante no es solo la magnitud del daño, sino la pasividad de las instituciones responsables: el Ministerio de Salud, liderado por la Vicepresidenta de la República, la Municipalidad de San José, el Tribunal Ambiental y el Ministerio del Ambiente. A pesar de las denuncias reiteradas de ciudadanos y organizaciones ambientalistas, ninguna de estas entidades ha logrado imponer una clausura definitiva ni sanciones efectivas.
800 toneladas de basura únicamente en el «Tajo COMAG»
Según informa una investigación desarrollada por el medio costarricense: Semanario Universidad; desde hace al menos seis años, dos terrenos ubicados a un costado del relleno sanitario de la Carpio, en la Uruca, funcionan como vertederos a cielo abierto. Ahí se acumulan 800 toneladas de escombros de construcción, refrigeradoras viejas, sillones desfondados, colchones, basura electrónica y residuos hogareños.
Una montaña de basura arrojada allí sin tratamiento, control, ni cobertura alguna.
Se trata de un terreno privado y de un camino vecinal de 550 metros de largo, que conecta la entrada del relleno sanitario de Empresas Berthier (EBI) con la Planta Hidroeléctrica Electriona, del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
El uso de estos espacios como depósitos ilegales de basura registra múltiples denuncias ante el alcalde municipal de San José, Johnny Araya, el Tribunal Ambiental y el Ministerio de Salud, desde el año 2012.
Estos botaderos funcionan en paralelo con el relleno sanitario formal de La Carpio, que administra Empresas Berthier (EBI) desde el año 2000.
En el relleno sanitario de EBI se depositan diariamente más de 900 toneladas de basura que provienen de 34 municipalidades de todo el país.
Un estudio elaborado por la geógrafa María Fernanda Aguilar González para UNIVERSIDAD reveló que, -hasta el 15 de julio pasado- solo en el espacio de 550 metros que corre a la vera de esa vía pública, se acumulaban al menos 800 toneladas de basura, sin cobertura ni tratamiento alguno.
La basura que se acumula en el otro vertedero, que está en un terreno privado allí mismo, no pudo ser inspeccionada, ni removida por falta de comunicación con los propietarios de esa finca.
El negocio turbio detrás de los desechos
El escándalo trasciende el botadero mismo y apunta a un esquema de corrupción que involucra a empresas sin escrúpulos. Según la investigación, compañías constructoras que generan grandes volúmenes de desechos contratan a intermediarios bajo la promesa de que estos serán llevados a vertederos autorizados. Sin embargo, en un acto de engaño sistemático, estas empresas subcontratadas desvían los residuos a sitios ilegales como Tajo COMAG, pagando sumas irrisorias para deshacerse de ellos sin cumplir las regulaciones ambientales. Para mantener la fachada, presentan boletas falsificadas que certifican supuestamente el manejo adecuado de los desechos, una práctica que, según fuentes locales, ocurre con una frecuencia alarmante.
Este negocio clandestino no solo reduce costos para las empresas corruptas, sino que genera ganancias a costa del medio ambiente y la salud pública. “Pagan una fracción de lo que costaría disponer los desechos legalmente y el resto se lo embolsan,” asegura un activista que ha seguido el caso de cerca. Peor aún, la falta de controles estrictos en los centros autorizados permite que estas prácticas proliferen, mientras las autoridades parecen mirar hacia otro lado.
El silencio de los guardianes del ambiente
La pregunta que resuena en Costa Rica es: ¿Dónde están las instituciones que deberían detener este desastre? El Ministerio de Salud, encargado de velar por el bienestar de la población, ha sido criticado por su lentitud en responder a las denuncias sobre la contaminación del aire y el agua. La Municipalidad de San José, responsable de la gestión local de residuos, no ha implementado medidas efectivas para clausurar el botadero. El Tribunal Ambiental, creado para sancionar delitos ecológicos, y el Ministerio del Ambiente, pilar de la política verde del país, también han quedado bajo escrutinio por su inacción.
Esta parálisis institucional ha alimentado sospechas de corrupción o, al menos, de una negligencia deliberada. ¿Están las autoridades protegiendo intereses económicos por encima del bienestar público? Algunos analistas sugieren que la falta de acción podría estar vinculada a presiones de empresas influyentes o a una burocracia que prefiere evitar enfrentamientos con actores poderosos. “No es solo ineptitud; hay algo más oscuro aquí,” afirma un miembro de una ONG ambiental que pidió anonimato. Mientras tanto, las respuestas oficiales se han limitado a la formación de comisiones y declaraciones vagas, sin resultados tangibles.
Un país en la encrucijada
El caso de Tajo COMAG es visto como la punta del iceberg de un problema sistémico que podría estar replicándose en otros botaderos clandestinos a lo largo del país. Costa Rica, que se promociona como un líder en la lucha contra el cambio climático y la preservación de la naturaleza, enfrenta ahora un desafío que pone a prueba su compromiso. La ciudadanía, cada vez más consciente del impacto de estas prácticas, exige respuestas: ¿Por qué las autoridades no actúan con la urgencia que la situación requiere? ¿Qué intereses están detrás de este silencio?
Organizaciones civiles y ambientalistas han lanzado un llamado desesperado a la acción, exigiendo el cierre inmediato de Tajo COMAG, sanciones severas para las empresas involucradas y una reforma profunda en los mecanismos de control de desechos. “No podemos permitir que unos pocos destruyan lo que hemos construido durante décadas,” advierte un manifiesto firmado por más de 20 grupos locales. También se ha pedido a los centros autorizados de disposición de residuos que refuercen sus controles para evitar ser utilizados como coartada por los responsables de estas operaciones ilegales.
Más de 300 botaderos clandestinos detectados solo en la capital costarricense.
El continuo aumento en la población y el cambio en el consumo incrementan la generación de basura, que constituye un problema de salud pública en el país; solo en San José, la Municipalidad ha identificado más de 300 botaderos clandestinos, algunos de ellos ubicados a escasos metros de comunidades pobladas.
En los rellenos sanitarios los camiones van y vienen cargados de basura proveniente de todo el país. Pero no solo en este tipo de vertederos se presenta este panorama tan preocupante. Ríos, aceras y espacios públicos también atentan contra la salud de los josefinos.
Aunque las autoridades han intentado minimizar el impacto de los desechos en la salud de los ticos, los esfuerzos resultan insuficientes. En las calles josefinas falta más cultura ambiental y mejores planes para la gestión integral de los residuos.
El reloj sigue corriendo
Mientras el daño ambiental y sanitario se agrava, Costa Rica se encuentra en una encrucijada. La inacción prolongada podría no solo devastar ecosistemas clave, sino también erosionar la credibilidad del país como modelo de sostenibilidad. El escándalo de Tajo COMAG no es solo una crisis local; es un grito de alerta sobre cómo la corrupción y la negligencia pueden socavar incluso las causas más nobles. La pelota está en la cancha de las autoridades, pero el tiempo para actuar se agota. Si no se toman medidas drásticas pronto, el legado ambiental de Costa Rica podría convertirse en una víctima más de este desastre evitable.
Vínculos relevantes:
Semanario Universidad: Vertederos clandestinos acumulan 800 toneladas de basura en La Carpio, link: https://semanariouniversidad.com/pais/vertederos-clandestinos-acumulan-800-toneladas-basura-la-carpio/
Teletica Canal 7: «Botadero a cielo abierto más grande del país pone en jaque a la Municipalidad de San José»: https://www.teletica.com/nacional/botadero-a-cielo-abierto-mas-grande-del-pais-pone-en-jaque-a-municipalidad-de-san-jose-y-salud_326312
