San José, Costa Rica – En un hecho sin precedentes en la historia de Costa Rica, la Corte Suprema de Justicia solicitó este martes a la Asamblea Legislativa que levante la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves para que enfrente un proceso judicial por el presunto delito de concusión, relacionado con un contrato de consultoría financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La acusación, presentada por la Fiscalía General en abril de 2024, señala que Chaves, de 64 años, habría influido indebidamente en la adjudicación de un contrato de $405,000 a la empresa RMC La Productora S.A. para servicios de comunicación y monitoreo de redes sociales durante el período presidencial 2022-2026. Según las investigaciones, el presidente habría favorecido a su amigo y exasesor de imagen, Federico Cruz, quien recibió $32,000 a través de este contrato, presuntamente mediante procedimientos irregulares. La acusación también involucra al actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, quien en el momento de los hechos era jefe de despacho de Chaves.

La solicitud, aprobada por la Corte Plena con 15 votos a favor y 7 en contra, marca la primera vez desde la Constitución de 1949 que se pide el levantamiento de inmunidad de un presidente en ejercicio, según informó la Oficina de Prensa de la Corte a CNN. La decisión ahora está en manos de la Asamblea Legislativa, que deberá determinar si retira el fuero presidencial para permitir que Chaves sea investigado y, de ser necesario, procesado judicialmente.

El caso salió a la luz en diciembre de 2023, tras una serie de publicaciones del diario La Nación, basadas en audios proporcionados por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien ocupó el cargo durante los primeros cuatro meses de la administración de Chaves. Los audios sugieren irregularidades en la contratación y el manejo de fondos del BCIE.

Chaves, un economista conservador y exfuncionario del Banco Mundial, ha calificado la acusación como “absurda” y “política de la más barata”, acusando al fiscal general, Carlo Díaz, de liderar una campaña en su contra. En su conferencia de prensa semanal del 2 de julio, el presidente afirmó que los 15 magistrados que votaron a favor de trasladar el expediente al Congreso “enterraron aún más la credibilidad del Poder Judicial”. Por su parte, el ministro Rodríguez ha declarado tener “la conciencia tranquila y un historial limpio”.La solicitud de la Corte Suprema también incluye al ministro Rodríguez, para quien se pide igualmente el levantamiento de inmunidad. Si el Congreso aprueba estas solicitudes, ambos podrían enfrentar un juicio por concusión, un delito que, de resultar en una condena, podría implicar hasta ocho años de prisión según la legislación costarricense.

Este caso se suma a otra acusación presentada por la Fiscalía el 23 de junio, que involucra a Chaves y otros seis funcionarios por presunto financiamiento ilegal de la campaña electoral de 2022, intensificando el conflicto entre el presidente y el fiscal general. Chaves ha mantenido una relación tensa con el Poder Judicial, el Congreso y el Tribunal Supremo de Elecciones, a los que frecuentemente critica por supuesta politización.

La decisión de la Asamblea Legislativa, que no tiene un plazo definido para pronunciarse, podría marcar un hito en la democracia costarricense, conocida por su estabilidad y tradición institucional. Mientras tanto, el país observa con atención este proceso que pone a prueba la separación de poderes y el principio de rendición de cuentas.