Caracas, Venezuela/ El Tribunal Supremo, controlado por el Gobierno, se lanza contra el proceso mientras sus organizadores declaran en la Fiscalía acusados de varios delitos.

El chavismo sigue avanzando contra las primarias de la oposición. Al día siguiente del proceso, el Gobierno comenzó a hablar de fraude y movilizó a la Fiscalía para señalar a los organizadores de supuestos delitos como asociación para delinquir, legitimación de capitales y usurpación de funciones. Mientras los citados acuden este lunes a declarar en calidad de investigados, el Tribunal Supremo de Justicia ha dictado una sentencia para invalidar el proceso, ganado por María Corina Machado.

El Gobierno repite una maniobra que ya ha usado para bloquear las iniciativas opositoras. El Supremo, controlado por el chavismo, ha respondido a un recurso introducido por el diputado José Brito, integrante de una oposición ad hoc que el régimen ha logrado constituir bajo su ala, los llamados alacranes. En la decisión no solo deja sin efecto todas las partes del proceso autogestionado por partidos políticos y sociedad civil bajo la organización de la Comisión Nacional de Primarias; también se ha ordenado consignar en los próximos días todos los documentos que anteceden la organización de las primarias, incluidas las actas de constitución de las mesas electorales, los cuadernos de votación, las papeletas, las actas de escrutinios, el acta de adjudicación y la de proclamación.

Esta solicitud ha revivido temores pasados, de cuando se utilizaron los datos de la recolección de firmas para activar el referéndum revocatorio contra Hugo Chávez, hace casi 20 años, para perseguir a opositores y como filtro político para entrar y permanecer en la Administración pública.

El Gobierno se ha tomado muy mal la gran movilización demostrada el 22 de octubre, cuando más de dos millones de personas salieron a votar y eligieron a María Corina Machado como candidata para enfrentarse a Nicolás Maduro en 2024. El chavismo, y también la sentencia, reiteran la inhabilitación de la dirigente para postularse, un veto que le impuso la Contraloría durante 15 años y que se conoció a días de que se inscribiera como candidata a las primarias de la oposición.

Es en este punto, la inhabilitación de la nueva líder opositora, en el que se estrellan los acuerdos de Barbados firmados hace apenas dos semanas entre el chavismo y la oposición, en un octubre de vértigo en Venezuela en el que ha pasado de todo, pero donde el juego político parece seguir trancado.

Maduro logró una alivio a las sanciones con unas licencias amplias, aunque temporales, de parte de Estados Unidos para comercializar su crudo, a cambio de haberse vuelto a sentar con la oposición en las negociaciones. Entre los puntos acordados entre las delegaciones del Gobierno y la Plataforma Unitaria, bajo la mediación de Noruega y con el acompañamiento de varios países, hay un compromiso por respetar el proceso de elección de los candidatos de cada parte. Pero el chavismo ha tomado la bandera de la exclusividad del Consejo Nacional Electoral en la organización de elecciones, algo que no tiene sustento jurídico —para muestra, las elecciones de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela celebradas en mayo—, para invalidar el proceso.

En el compromiso de Barbados, firmado casi un año después de que las conversaciones se estancaran, también se acordó autorizar a todos los candidatos a participar, algo que la oposición interpretó como un camino para levantar las inhabilitaciones políticas. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, expuso además otros compromisos del Gobierno de Venezuela, como la liberación de los presos políticos y la habilitación de todos los candidatos antes de que finalice noviembre.

Unas condiciones extra que han molestado mucho a Maduro, quien ha asegurado que nada de eso está entre las negociaciones firmadas con Washington, lo que vuelve a tensar la crisis política venezolana y, de alguna manera, la regresa al punto muerto en el que está desde hace meses.