El Gobierno peruano desplegará a la Policía con apoyo de las Fuerzas Armadas alrededor de cinco penales de alta peligrosidad durante sesenta días. La estrategia busca impedir que cabecillas continúen coordinando extorsiones, sicariatos y narcotráfico mediante teléfonos y otros sistemas de comunicación desde el interior de las cárceles.

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori declaró el estado de emergencia en cinco de las prisiones consideradas más peligrosas de Perú, como parte de una nueva ofensiva contra las organizaciones criminales que continúan dirigiendo operaciones desde los centros penitenciarios.

La medida tendrá una duración inicial de sesenta días y afecta a los penales de Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Trujillo Varones, en La Libertad; y Miguel Castro Castro y Ancón I, ambos en Lima.

El decreto autoriza a la Policía Nacional del Perú a reforzar el control en los establecimientos y en un perímetro de hasta doscientos metros alrededor de las cárceles, con apoyo de las Fuerzas Armadas.

Durante ese período también podrán realizarse operativos permanentes, labores de inteligencia y acciones destinadas a impedir el ingreso de armas, teléfonos celulares, tarjetas SIM y otros objetos utilizados para mantener comunicaciones clandestinas.

El objetivo: incomunicar a las organizaciones criminales

Uno de los puntos centrales de la estrategia es cortar las comunicaciones entre los presos vinculados con organizaciones criminales y sus estructuras en libertad.

Según el Gobierno peruano, aproximadamente la mitad de los internos relacionados con organizaciones criminales se encuentran concentrados en estos cinco establecimientos penitenciarios. Las autoridades sostienen que desde esas prisiones se han coordinado delitos como extorsiones, sicariatos y tráfico de drogas.

Para atacar ese problema, las fuerzas de seguridad podrán intervenir no solamente sobre el terreno.

El decreto contempla medidas de protección y vigilancia sobre el espacio aéreo y el espectro electromagnético de las zonas inmediatamente próximas a las cárceles, una disposición destinada a combatir el uso clandestino de telecomunicaciones.

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, explicó además que se pretende retirar antenas instaladas en las proximidades de algunos penales cuando sean utilizadas para facilitar comunicaciones ilegales.

Derechos temporalmente restringidos

El estado de emergencia implica también restricciones excepcionales.

Dentro de las prisiones afectadas y en el perímetro establecido por el decreto podrán limitarse temporalmente derechos constitucionales relacionados con la libertad de tránsito, reunión, libertad y seguridad personales.

La Defensoría del Pueblo anunció que supervisará la aplicación de estas medidas para garantizar el respeto de los derechos fundamentales.

El Ejecutivo ha insistido, sin embargo, en que la decisión no significa entregar la administración interna de las cárceles a los militares.

El Instituto Nacional Penitenciario continuará administrando los centros y manteniendo la custodia interna de los reclusos. La participación militar estará concentrada principalmente en labores de apoyo a la Policía y protección de los perímetros.

Un sistema penitenciario bajo presión

La ofensiva ocurre en momentos en que el sistema carcelario peruano enfrenta graves problemas estructurales.

De acuerdo con los datos recogidos por BBC News Mundo, las cárceles presentan una sobrepoblación cercana al ciento cincuenta y seis por ciento, mientras existe un déficit de personal de aproximadamente cuarenta y cinco por ciento.

Ese escenario facilita que las organizaciones criminales mantengan redes internas, consigan dispositivos de comunicación y continúen ejerciendo influencia fuera de las prisiones.

La inseguridad se ha convertido además en una de las principales preocupaciones de la población peruana.

El número de homicidios pasó de alrededor de mil en 2018 a aproximadamente dos mil seiscientos en 2025, mientras las denuncias por extorsión aumentaron de unas tres mil doscientas a alrededor de veintiséis mil quinientas durante el mismo período.

Reuters señala que la tasa de homicidios alcanzó 10,7 por cada cien mil habitantes en 2025, frente a 10,1 el año anterior.

Keiko endurece su política de seguridad

La medida representa uno de los primeros grandes movimientos de seguridad del Gobierno de Keiko Fujimori, quien asumió la Presidencia a finales de julio.

Durante su llegada al poder, Fujimori prometió una política más dura contra el crimen organizado, el narcotráfico y las bandas que utilizan las cárceles como centros de operaciones.

El Gobierno también ha solicitado al Congreso facultades legislativas durante ciento veinte días para avanzar en nuevas medidas contra las organizaciones criminales, incluida la posibilidad de clasificarlas jurídicamente como organizaciones terroristas, aunque esa propuesta enfrenta cuestionamientos políticos.

La ofensiva contra las cárceles refleja así una estrategia que busca atacar uno de los principales problemas de seguridad de Perú: criminales encarcelados que, pese a encontrarse tras las rejas, continúan ejerciendo mando sobre estructuras delictivas en las calles.

El resultado de los próximos sesenta días servirá para determinar si el despliegue policial y militar logra realmente cortar esas comunicaciones o si las organizaciones consiguen adaptar nuevamente sus redes.