Austin, Texas | Entra en vigor la controvertida Ley del Senado de Texas 17 (SB 17), firmada por el gobernador Greg Abbott en junio pasado, que restringe la compra y el alquiler de propiedades agrícolas, residenciales, comerciales e industriales a ciudadanos y entidades de China, Irán, Corea del Norte y Rusia. La medida, presentada como una defensa contra «adversarios extranjeros», ha generado un intenso debate sobre si se trata de una legítima preocupación por la seguridad nacional o un acto de discriminación xenófoba, especialmente contra la comunidad chino-estadounidense.

La SB 17, aprobada en la legislatura estatal, prohíbe específicamente a individuos con ciudadanía de estos cuatro países adquirir o arrendar bienes raíces en Texas, con excepciones limitadas para ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y ciertos titulares de visas. Las violaciones podrían acarrear multas de hasta 250.000 dólares o penas de prisión. Abbott la describió como «la prohibición más severa de Estados Unidos» para mantener alejados a «adversarios extranjeros», citando preocupaciones por espionaje y amenazas a la seguridad, como el incidente de un globo espía chino en 2023 que sobrevoló territorio estadounidense. Partidarios de la ley, incluyendo legisladores republicanos, argumentan que protege infraestructuras críticas y tierras agrícolas de influencias hostiles, recordando casos como la compra de terrenos cerca de la Base Aérea Laughlin por el empresario chino Sun Guangxin entre 2016 y 2018, que fue bloqueada por sospechas de espionaje.

Sin embargo, críticos, incluyendo activistas y legisladores demócratas como Gene Wu, la califican de «antiasiática, antiinmigrante y específicamente contra los chino-estadounidenses». Wu, un representante estatal, ha advertido que la ley fomenta el racismo y evoca leyes discriminatorias históricas, como la Ley de Exclusión China de 1882. Jason Yuan, un propietario de un taller automotriz y activista, expresó: «Prohibirle a personas como yo la propiedad de una vivienda por su país de origen es discriminatorio», destacando el impacto en inmigrantes que contribuyen a la economía texana. Qinlin Li, una reciente graduada y demandante en una demanda fallida contra la ley presentada por la Alianza de Defensa Legal Chino-Estadounidense (Calda) en julio, lamentó que la medida la obliga a reconsiderar su futuro en Texas.

El contexto nacional revela que Texas no está solo: desde 2021, 26 estados han aprobado leyes similares, impulsadas por tensiones geopolíticas con China y Rusia. Expertos como Holden Triplett, exdirector de contrainteligencia del FBI, reconocen riesgos reales de espionaje chino, con 224 casos reportados entre 2000 y 2023, pero advierten que generalizar a todos los ciudadanos de estos países podría ser contraproducente. Patrick Toomey, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), criticó que tales leyes «alimentan la retórica xenófoba y ponen en riesgo a comunidades enteras sin evidencia concreta de amenazas generalizadas».

Las implicaciones económicas son significativas. Nancy Lin, una agente inmobiliaria comercial, señaló que empresas chinas ya están reconsiderando inversiones en Texas, lo que podría afectar empleos y pequeños negocios locales. Opositores argumentan que la ley no solo discrimina, sino que ignora que la mayoría de los compradores extranjeros en Texas provienen de México y Canadá, no de los países listados.

Mientras la SB 17 comienza a aplicarse, grupos de derechos civiles prometen continuar la lucha legal, argumentando que viola la Constitución al promover discriminación basada en origen nacional. Este debate resalta las tensiones entre seguridad y derechos en un Estados Unidos cada vez más polarizado por cuestiones migratorias y geopolíticas.