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San José, Costa Rica | Un fallo judicial en Costa Rica ha ordenado la liberación de un grupo de migrantes que permanecieron por meses en un centro de detención tras ser deportados desde Estados Unidos. La decisión, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema, responde a las condiciones de reclusión que enfrentaron los migrantes, quienes fueron trasladados a un albergue donde se les restringía la libertad de movimiento.

Entre los afectados se encuentra Mohammad Saber Asad, un ciudadano afgano que forma parte de los aproximadamente 200 migrantes deportados en febrero de 2025. Estos provienen de países como Afganistán, China, Ghana, India, Vietnam, Rusia, Armenia, Azerbaiyán, Irán, Turquía y Uzbekistán, e incluyen a más de 80 menores de edad. Los migrantes fueron enviados al «Centro de atención temporal al migrante» (CATEM), ubicado en Corredores, Puntarenas, a unos 360 kilómetros al sur de San José, tras llegar en vuelos desde Estados Unidos.

El tribunal determinó que las autoridades costarricenses violaron los derechos de los migrantes al privarlos de su libertad sin una resolución individual previa, restringir su comunicación con el exterior y no informarles sobre la posibilidad de solicitar asilo en Costa Rica. La corte ha dado un plazo de 15 días a las autoridades migratorias para definir el estatus migratorio de cada persona y garantizar su liberación del centro, además de determinar qué tipo de asistencia estatal podrían necesitar.

El acuerdo entre Costa Rica y Estados Unidos, impulsado por el presidente Rodrigo Chaves, permitió la llegada de estos migrantes como parte de un programa de deportaciones masivas liderado por la administración de Donald Trump. A pesar de que el gobierno costarricense otorgó un estatus humanitario temporal en abril, permitiendo a los migrantes moverse libremente, muchos permanecieron en el CATEM debido a la falta de claridad sobre su situación legal. Según datos oficiales, 107 personas han regresado a sus países de origen, 30 han solicitado asilo en Costa Rica y 35 abandonaron el centro por su cuenta, dejando a 28 migrantes, incluidos 13 menores, aún en el albergue al momento del fallo.

Organizaciones de derechos humanos han criticado las condiciones en el CATEM, señalando que los migrantes enfrentaron detención prolongada sin acceso a asesoría legal, información en sus idiomas o servicios adecuados, especialmente para los niños. El fallo judicial también coincide con la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien se reunirá con el presidente Chaves y visitará otro centro migratorio en el país.

Este caso refleja los desafíos que enfrentan los países centroamericanos que han aceptado ser «puentes» para migrantes deportados desde Estados Unidos, en un contexto de creciente presión internacional para abordar las políticas migratorias y garantizar los derechos humanos de estas personas.

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